¿Qué significa repensar el neoliberalismo en México desde una perspectiva ética? Repensar el neoliberalismo en México implica evaluar no solo sus resultados económicos, sino sus impactos sociales, ambientales y democráticos. Una ética aplicada exige garantizar derechos universales, corregir desigualdades, fortalecer instituciones, combatir corrupción y abrir decisiones públicas a la ciudadanía. No se trata de eliminar mercados, sino subordinarlos a justicia social, dignidad humana, protección ambiental y participación democrática efectiva.
El neoliberalismo en México no es únicamente una política económica: es un régimen de valoraciones, instituciones y prácticas que ha reconfigurado la vida social durante cuatro décadas, por lo que erradicarlo es una tarea seria y compleja que requiere mucha prudencia y responsabilidad; por esa razón debe reflexionarse sobre el tema. Pensar una ética para ese régimen no equivale únicamente a diagnosticar sus efectos —desigualdad, precariedad, fragmentación del tejido social—, sino a proponer principios y prácticas que orienten reformas institucionales, hospitalarias, fiscales y culturales hacia mayor justicia, dignidad, solidaridad y salud integral. El análisis que se propone a continuación parte de un marco estructural y normativo: (1) breve diagnóstico del modelo y sus efectos recientes; (2) identificación de los principales desafíos éticos; (3) síntesis de propuestas críticas y aristas normativas; (4) propuesta de principios y medidas concretas; y (5) reflexión sobre retos de implementación1.
Desde la crisis de la deuda de los años ochenta y la apertura de los noventa, México consolidó un bloque de políticas orientadas al mercado: privatizaciones, liberalización comercial y financiera, reformas para atraer inversión extranjera y una creciente delegación de funciones estatales al sector privado. Ha sido lugar de gestión y diseño del movimiento intelectual, político y público neoliberal, de reuniones de la CEPAL y de amantes del pensamiento positivo, fanáticos del libre mercado. Aunque el discurso oficial ha variado, la persistencia de altos niveles de desigualdad y pobreza demuestra que el crecimiento no se tradujo en una distribución equitativa de oportunidades. Estudios y organismos internacionales coinciden en que México mantiene una de las tasas más altas de desigualdad en la OCDE, y que el progreso distributivo ha sido débil y heterogéneo entre entidades federativas1,2. Sin embargo, esta interpretación puede estar sesgada por conflictos de interés o intereses creados.
Este artículo se ofrece gratis gracias a la publicidad. Si prefieres leerlo sin anuncios, y al mismo tiempo apoyar nuestro proyecto filosófico, disfruta la experiencia premium.La capacidad recaudatoria limitada de los impuestos y la presión por mantener equilibrios macroeconómicos han condicionado la magnitud de la inversión pública en salud, educación y protección social; además, la pandemia de COVID-19 evidenció fragilidades institucionales y la estrechez fiscal para políticas de apoyo expansivas. En los diagnósticos técnicos persisten recomendaciones sobre reformas fiscales y redirección del gasto para fortalecer la justicia social3,4.
Desafíos éticos centrales
A partir del panorama anterior se identifican cinco desafíos éticos que exigen respuesta normativa y práctica.
Primero, la justicia distributiva. La ética exige preguntarse no solamente por la eficiencia del mercado, sino por la justicia en la distribución de recursos y oportunidades. En México, el desempeño del modelo produjo ventajas concentradas en el 1% más rico y trayectorias desiguales entre regiones y sectores, lo que plantea la obligación moral de reequilibrar medios y fines sociales5.
Segundo, los derechos sociales son obligaciones del Estado. Tratar la salud, la educación, el agua, la vivienda o la seguridad social como bienes mercantiles contradice la idea de derechos humanos como exigencias éticas y jurídicas de protección universal. La ética pública requiere que estos derechos sean garantizados por su valor intrínseco, sin condicionalidades de mercado que perjudiquen a los más vulnerables3.
Tercero, la responsabilidad intergeneracional y ambiental. La lógica extractiva y la externalización de costos ambientales configuran una deuda ética con las generaciones futuras. El modelo requiere internalizar externalidades y priorizar una ética biocéntrica frente a la ganancia de corto plazo6.
Cuarto, integridad y ética pública. La ética del Estado demanda transparencia, rendición de cuentas y una lucha eficaz contra la corrupción, elementos que son precondiciones para cualquier redistribución justa y para restaurar la confianza ciudadana. Informes recientes muestran que las fragilidades en contratación pública y práctica administrativa siguen siendo un problema persistente, debido a muchos factores, pero el más determinante es una estructura gubernamental forjada por la política pública neoliberal7.
Quinto, democracia deliberativa y ciudadanía. Éticamente, las decisiones sobre el modelo económico deben ser objeto de deliberación pública amplia; la imposición tecnocrática sin participación legitima desigualdades y erosiona la justicia política. La ética cívica reclama espacios de deliberación, apropiación y poder ciudadano efectivo5.
Evidencia y propuestas
La literatura académica y los informes internacionales recientes ofrecen tanto diagnóstico como propuestas operables para lograr un cambio profundo y estructural, más que superficial. El informe de la OCDE sobre México en 2022 subrayaba la urgencia de fortalecer la inclusión, las capacidades productivas y la recaudación fiscal para financiar servicios públicos; el Banco Mundial enfatizó la necesidad de políticas redistributivas y mejoras en cobertura social para cerrar brechas persistentes2,4.
En materia fiscal, el consenso técnico indica que México puede sostener políticas públicas más ambiciosas si mejora la progresividad y reduce la evasión y elusión de impuestos, sobre todo de empresas y monopolios que se han negado a pagar, utilizando pretextos legales para retrasar su cobro. El FMI y análisis académicos proponen reformar regímenes especiales y ampliar la base tributaria con medidas focalizadas hacia la justicia social y la correcta distribución de la riqueza. Pese a que México es un país rico en casi todos los sentidos, su proporción de riqueza material no es equitativa con la salud integral de su población: la desigualdad, inseguridad y precariedad jurídica y laboral dificultan el desarrollo saludable de las personas3,8.
La pandemia enseñó un principio ético-práctico: la protección social y la inversión en salud pública no son solo gasto, sino seguros sociales que preservan la vida y la estabilidad social. Por ello, la ética presupuestaria debe priorizar gasto social anticíclico y resiliente4.
Asimismo, investigaciones recientes sobre desigualdad subnacional y desempeño económico muestran que políticas distributivas inteligentes (transferencias condicionadas, redes de protección, inversión en capital humano local, desarrollo territorial regional) pueden mitigar brechas sin sacrificar completamente incentivos productivos, siempre que se acompañen de transparencia9–11.
Principios éticos para reorientar el modelo
A partir de la evidencia y el razonamiento normativo, seis principios éticos deben orientar las políticas y reformas:
1. Justicia social integral. Priorizar medidas que reduzcan brechas en ingreso, salud, educación y acceso a servicios básicos.
2. Dignidad humana. Tratar a cada persona como sujeto de derechos, no como insumo económico; garantizar servicios mínimos universales.
3. Solidaridad y redistribución. Diseñar mecanismos fiscales progresivos que permitan transferir recursos hacia quienes más los necesitan.
4. Salud ecológica. Integrar evaluaciones de impacto ambiental y criterios de justicia intergeneracional en decisiones macro y microeconómicas y políticas6.
5. Transparencia y ética pública. Fortalecer marcos anticorrupción, supervisión de contrataciones y rendición ciudadana7.
6. Participación deliberativa. Ampliar mecanismos de consulta y deliberación para legitimar decisiones públicas y democráticas.
7. Medidas prácticas y políticas prioritarias centradas en las necesidades particulares regionales, su diversidad, contexto y circunstancias.
Traducir principios en políticas exige instrumentos concretos. Se ha recomendado una reforma fiscal progresiva: impuestos a la riqueza y ajustes a regímenes preferenciales; mejora de controles contra la evasión; uso transparente de recursos recaudados para educación, salud y protecciones sociales3,8,10. También el fortalecimiento del sector público mediante inversión sostenida en salud y educación, y en redes de protección social que mitiguen shocks económicos y reduzcan la informalidad4.
De igual manera, es necesaria una regulación económica proactiva: políticas antimonopolio, control de precios en servicios esenciales y condiciones estrictas para concesiones extractivas que incluyan cláusulas ambientales y de beneficio comunitario6. Por eso es sustancial la transparencia en la contratación pública: digitalizar y auditar contrataciones, imponer sanciones efectivas por corrupción y fomentar la participación ciudadana en la supervisión7.
Asimismo, la inversión territorial: políticas de desarrollo regional que combinen infraestructura, educación técnica y estímulos productivos locales para romper la lógica gentrificada y atender necesidades particulares de cada comunidad, fomentando su participación e integración9.
Este artículo se ofrece gratis gracias a la publicidad. Si prefieres leerlo sin anuncios, y al mismo tiempo apoyar nuestro proyecto filosófico, disfruta la experiencia premium.Retos de implementación
y consideraciones éticas
Las medidas propuestas chocan con resistencias poderosas: élites económicas que se benefician del statu quo, intereses internacionales vinculados a la inversión y tratados, y estructuras institucionales con incentivos contrarios a las reformas redistributivas. Éticamente, esto obliga a estrategias democráticas de construcción de mayorías, comunicación pública transparente sobre beneficios distributivos y evidencia empírica que legitime los cambios5.
Además, implementar reformas sin fortalecer la gobernanza puede reproducir desigualdades: es indispensable combinar redistribución con controles institucionales, anticorrupción y participación ciudadana robusta. Solo así se evitará que los recursos públicos sean capturados y que los fines redistributivos queden frustrados.
Gran parte del sufrimiento contemporáneo se debe no solo a una mala praxis de nuestros representantes morales, sino también a una estructura afianzada y parasitaria heredada por la hegemonía neoliberal. Pensar una ética para el neoliberalismo mexicano significa desplazar el foco desde la mera eficiencia hacia fines de justicia social, dignidad y salud integral. No se trata de abolirlo, sino de regularlo con fines que beneficien al ecosistema estatal mexicano.
Es vital usar los mercados como herramienta: más que ser productivos o útiles, deben servir a la vida, su conservación, cuidado y protección; estos deben subordinarse a propuestas biocéntricas que garanticen derechos sociales, protección ambiental y una democracia robusta.
La evidencia 2019–2025 (OCDE, Banco Mundial, FMI) confirma la necesidad y viabilidad política y técnica de reorientaciones que combinen reforma fiscal, fortalecimiento público y nuevas formas de deliberación democrática. Desde un análisis filosófico, el neoliberalismo exige una ética llevada a la práctica y al experimento para evaluar resultados y traducirlos en beneficencia, democracia, progreso, justicia, equidad y solidaridad.
Para que deje de ser un sueño, es necesario diseñar instituciones y políticas que traduzcan valores en capacidades y experiencias reales para las personas. Esta ética republicana-solidaria será la prueba de que un nuevo contrato social puede sustituir —o al menos corregir— las fallas distributivas del modelo neoliberal mexicano, que nos hereda una tradición política sedienta de lucro, corrupta y reconocida por sus conflictos de interés y malas prácticas1–11.
Notas
[1] Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). OECD Economic Surveys: Mexico 2022 (OECD Publishing). https://doi.org/10.1787/xxx (Informe consultado en línea).
[2] World Bank. (2023). Mexico country overview. World Bank. https://www.worldbank.org/en/country/mexico/overview.
[3] Hannan, S. A., Honjo, K., & Raissi, M. (2022). Mexico needs a fiscal twist: Response to Covid-19 and beyond. International Economics, 169, 175–190. https://doi.org/10.1016/j.inteco.2022.01.004
[4] International Monetary Fund. (2023). Mexico: 2023 Article IV Consultation — Press Release and Staff Report. IMF. https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/10/31/Mexico-2023-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-541023
[5] World Economics Association. (2019). The demise of neoliberalism in Mexico today: if so, so what? https://www.worldeconomicsassociation.org/newsletterarticles/neoliberalism-in-mexico/
[6] Westpfahl, R. H. (2025). Contested mining, state selectivities, and reform. Resources Policy. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962629825000800
[7] Falcón-Cortés, A., Aldana, A., & Larralde, H. (2021). Practices of public procurement and the risk of corrupt behavior before and after the government transition in México. https://epjdatascience.springeropen.com/articles/10.1140/epjds/s13688-022-00329-7
[8] Villalobos, J. (2023). The Fiscal Reform Required for Mexico in 2025. American Journal of Economics and Business Innovation, 2(3), 1–10. https://doi.org/10.54536/ajebi.v2i3.1834
[9] Artal-Tur, A. (2025). Growth and inequality linkages of the Mexican States. Economies, 13(2), 54. https://doi.org/10.3390/economies13020054.
[10] Ríos V. (2021). No es normal: El juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo. México: Grijalbo.
[11] Campos R. & Ríos V. (2024). Así no es: No creas todo lo que te dicen sobre meritocracia, clase media, clasismo, salarios e ingresos. México: Grijalbo.
Cita este artículo (APA): Lazo, J. (2026, 15 de enero). Neoliberalismo en México y justicia social: agenda ética urgente. Filosofía en la Red. Sitio web: https://filosofiaenlared.com/2026/01/neoliberalismo-mexico-justicia¡Apóyanos a seguir llevando la filosofía a la red!
Suscríbete a Στοά, el newsletter gratuito de Filosofía en la Red: recibe noticias, novedades e información relacionada con nuestra plataforma: ¡nuestra comunidad supera los dos mil seguidores! Pero, si buscas un poco más —y deseas apoyarnos—, te ofrecemos una membresía de pago con planes anuales o mensuales. Tu aporte financiero nos permite mantener este proyecto sin paywalls.
Beneficios de la membresía:
• Filosofía en la Red Prémium: porque sabemos que la publicidad interrumpe la experiencia, tu suscripción VIP te abre las puertas a leer cada texto sin anuncios, con la calma y claridad que la filosofía merece.
• Cartas del editor: un rincón en el que Miguel Ángel, director de Filosofía en la Red, no escribe bajo su cargo, sino como alguien que también busca entender lo que le pasa. Aquí no hay artículos ni teorías: hay pausas. Fragmentos de pensamiento con piel, escritos para quienes saben que, a veces, filosofar también es sostenerse.
• Insider: entérate de nuestros nuevos proyectos antes que nadie, así como descubre el backstage de Filosofía en la Red.
• Club de Lectura: accede sin coste adicional a nuestro club de lectura, que tiene una cuota de recuperación.